«Los socios de FER han de jugar un papel central en el avance hacia la economía circular»
El máximo responsable de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITERD, Ismael Aznar, afrontará el gran reto de impulsar numerosas normativas de gestión de residuos para que España avance hacia la economía circular. En esta entrevista, analiza y reflexiona sobre las repercusiones que tendrán para la industria del reciclaje a todos los niveles.
Con una dilatada trayectoria en la gestión pública en el área medioambiental Ismael Aznar fue nombrado el pasado mes de febrero director general de Calidad y Evaluación Ambiental. En esta extensa entrevista, desglosa las principales líneas de actuación de su área dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), enmarcadas en un momento clave para un cambio de modelo de crecimiento económico.
La presentación de la Estrategia Española de Economía Circular parece haber marcado el pistoletazo de salida a numerosas normativas relacionadas con la gestión de residuos que estaban pendientes de aprobación o modificación, tales como el real decreto de traslado de residuos. ¿Cuáles son las principales novedades y el objetivo del Real Decreto?
Efectivamente, la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular ―España Circular 2030― sienta las bases para superar en España la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. La Estrategia, que se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales, marca objetivos ambiciosos para esta década, identifica seis sectores prioritarios (construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y sector textil y confección) y pretende impulsar el desarrollo de una industria española centrada en el reciclaje.
Junto con la Estrategia, se presentó, efectivamente, un paquete normativo de residuos formado por el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, que se ha completado más recientemente con la aprobación del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y que tendrá continuidad con la próxima adopción de nuevas normas en materia de residuos.
En lo que respecta a las principales novedades del Real Decreto sobre traslados, cabe destacar la precisión de algunos aspectos del procedimiento establecido en el anterior Real Decreto de 2015 con el objeto de mejorar la trazabilidad de los traslados desde el lugar de origen del residuo hasta el destino final, de forma que se asegure un correcto tratamiento de los residuos y se garantice la plena coherencia con el Reglamento comunitario. Además, el nuevo real decreto trata de hacer efectivo el principio de tramitación electrónica por la administración a través de un sistema electrónico común de información de residuos que facilite el cumplimiento de los requisitos de documentación de su traslado y permita la armonización de su trazabilidad en todo el territorio del Estado.
¿Qué papel considera que puede desempeñar la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje en dicha estrategia?
La Federación Española de la Recuperación y Reciclaje ha de jugar un papel central en el avance hacia la economía circular. La Federación debe ser protagonista en cuanto a impulsar la recuperación de la mayor cantidad de materiales, y de la mayor calidad, para reintegrarlos en los procesos productivos y cerrar así el círculo. Para ello, sus asociados deben, por un lado, tratar de recoger los residuos lo más separados posible, no mezclarlos, y optimizar sus procedimientos de recuperación. También se debe avanzar hacia la detección de las sustancias peligrosas y las materias primas críticas en los residuos procesados, de forma que se puedan descontaminar o extraer, según el caso, y así disponer de mayores materias primas secundarias, más limpias, garantizando una reintroducción segura en la economía.
En estas últimas semanas se ha establecido un periodo de consulta pública para el anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, las modificaciones del Real Decreto 20/2017 sobre vehículos al final de su vida útil, del Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, del Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores, y la consulta previa al Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases. ¿Cuáles serán las principales novedades de cada una de estas normativas?
Todo ese conjunto normativo tiene como finalidad prioritaria la transposición de la normativa comunitaria aprobada en 2018 y que afectaba a la ley de residuos y a la normativa sectorial de varios flujos de residuos: envases, RAEE, Pilas y acumuladores y vehículos fuera de uso. Pero además de esa transposición se va a aprovechar en algunos casos para revisar ciertos aspectos que necesitan clarificación o precisión por existir un vacío legal, o, en otros, supuestos que requieren una revisión profunda tras más de 20 años de vigencia de la normativa, como es el caso de los envases.
Las principales novedades del anteproyecto de Ley son:
- impulsar la economía circular mediante la revisión de los procedimientos de subproducto y fin de condición de residuo, habilitando la posibilidad de desarrollo a nivel autonómico;
- reforzar la jerarquía de residuos mediante la inclusión de la obligación por parte de las administraciones de adoptar instrumentos económicos; impulsar la prevención de residuos como primera de las etapas de la jerarquía mediante el establecimiento de un calendario de reducción y medidas concretas para residuos alimentarios y productos no perecederos;
- mejorar la gestión de residuos mediante el establecimiento de un calendario de recogida separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos (textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados), adelantándolo para biorresiduos y la incorporación de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado comunitarios para los residuos municipales (55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035), diferenciando un porcentaje de preparación para la reutilización;
- revisar la regulación marco sobre la responsabilidad ampliada del productor y el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones, entre ellas la del abandono de basura dispersa (littering), y actualizando sanciones.
Así mismo, incluye el anteproyecto de ley la regulación sobre los plásticos de un solo uso, que incorpora las obligaciones recogidas a nivel comunitario manteniendo los calendarios establecidos en ella, fijando también un calendario para los artículos para los que se deja margen al Estado en cuanto a cómo conseguir su reducción, y se prohíbe la distribución gratuita a partir de 2023. Se introducen, además, medidas para artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria para equiparar el nivel de ambición con las medidas adoptadas por diferentes CCAA, respetando las limitaciones existentes en la Directiva de envases y residuos de envases. Por último, el Anteproyecto incluye un instrumento fiscal en materia de envases, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables.
En lo que respecta al real decreto de modificación de la normativa de vehículos al final de su vida útil, esta se plantea no solo como modificación del Real Decreto 20/2017, sino también como modificación del Reglamento General de Vehículos. En consecuencia, los objetivos son varios: incorporar la necesaria aplicación de principio de jerarquía y la adopción de instrumentos económicos para ello, y mejorar la obtención de información y remisión de la misma a la Comisión Europea. También se pretende velar por aplicar el principio de precaución y prevención en la gestión de los vehículos al final de su vida útil y atender a la evidencia científica de la peligrosidad que generan los vehículos achatarrados sin tener el certificado de baja definitiva ante la Dirección General de Tráfico; evitar las exportaciones ilícitas de VFU, y la inadecuada gestión de los residuos generados por el incorrecto tratamiento de los VFU cuando su desguace se realiza en centros de tratamiento no autorizados. En lo que respecta a la modificación del Reglamento General de Vehículos, las mejoras que se incluyen están encaminadas de forma indirecta también a mejorar la gestión de los vehículos al final de su vida útil, introduciendo mayor precisión en los supuestos de baja temporal, incorporando nuevos mecanismos de control que eviten la exportación ilícita o no contrastada de residuos o la mejora de la seguridad vial, y evitando la puesta en circulación de vehículos que no reúnen las condiciones técnicas exigidas legalmente, entre otros.
Por último, el proyecto de real decreto de modificación de la normativa de pilas y de RAEE tiene como objetivos: en lo que respecta a la modificación del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, además de incorporar el principio de jerarquía, la introducción de nuevos residuos de pilas, acumuladores y baterías considerados peligrosos, mediante una codificación propia de ámbito estatal, ya que hay nuevas tipos de residuos de pilas/baterías que deben distinguirse, por su peculiaridad y características, en su recogida, transporte y tratamiento; y en lo que respecta a la modificación del Decreto 110/2015, de 20 de febrero, la aclaración del ámbito abierto de aplicación que entró en vigor en agosto de 2018, la eliminación de la diversidad de conceptos en las facturas de las operaciones comerciales intermedias que están suponiendo costes informáticos, desigualdades e incoherencias entre distintas tipologías de AEE, la dotación de una mayor eficiencia a la gestión de los RAEE bajo la responsabilidad ampliada del productor, clarificando sus obligaciones, la aportación de mayor fiabilidad al establecimiento de los objetivos de recogida estatal de RAEE y de valorización, la mejora de la coherencia en la coordinación en materia de RAEE a través del grupo de trabajo de RAEE y la mejor explicación de la información obtenida a través de la plataforma electrónica.
¿Cuáles son los plazos previstos para la aprobación y publicación de cada una de ellas?
En el caso del Anteproyecto de Ley, finalizó el 3 de julio la fase de participación pública, de consulta a los sectores afectados y de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Se está recabando también los informes de los Ministerios implicados. En la actualidad se está en proceso de revisión de las alegaciones recibidas procedentes de todas esas consultas y no se espera tener un texto hasta otoño con el que continuar la tramitación. El texto se habrá de remitir también como norma técnica a la Comisión Europea, por un período de 3 meses. Posteriormente se recabará el Dictamen del Consejo de Estado y se elevará para su aprobación por el Consejo de Ministros como proyecto de ley y su remisión a las Cortes Generales, donde se espera que entre a principios de 2021. Una vez allí, el tiempo de aprobación vendrá determinado por la tramitación parlamentaria. Nos gustaría que estuviera aprobada en el primer período de sesiones de ese año.
En lo que respecta a los reales decretos de modificación de la normativa de pilas, RAEE y Vehículos al final de su vida útil, se están valorando las observaciones recibidas. A continuación, el texto resultante se remitirá al Consejo de Estado y, tras su dictamen, será aprobado por Consejo de Ministros, lo que previsiblemente ocurrirá a finales de 2020.
Por último, en lo que respecta a la normativa de envases, la idea es disponer de un texto con el que iniciar la tramitación a finales de 2020, puesto que incorporará la aplicación de la nueva responsabilidad ampliada del productor regulada en el anteproyecto de ley.
Uno de los principales comentarios que FER recibe de las empresas recuperadoras es que con cada nueva normativa se ve incrementada la carga burocrática, que habitualmente se traduce en un gran coste económico para ellas. ¿Es el Ministerio consciente de esta problemática?, ¿de qué forma se podrían recudir las cargas administrativas?
Efectivamente, el Ministerio es consciente de esta carga burocrática, pero no se debe olvidar que en muchos casos esta viene impuesta por el cumplimiento de la normativa comunitaria y, en otros, por carencias en materia de trazabilidad y transparencia, lo cual ha desembocado en muchas ocasiones en una incorrecta gestión, dando lugar a importantes impactos ambientales y sobre la salud humana. Todos conocemos casos de vertidos ilegales o sucesos como los de Seseña o Chiloeches. Con carácter general la gestión de residuos supone un coste para los productores, debido a la externalidad negativa que suponen los productos al finalizar su vida útil, y, en tiempos de crisis, se acude en ocasiones, desafortunadamente, a tratamientos incorrectos o dudosos para reducir costes. De ahí que sea necesario un mayor control que el exigible en otros ámbitos como el de productos. Pero para ello, el Ministerio está tratando de que todos esos procedimientos se avance en la mayor armonización posible en todos los territorios y en que estos lleven a cabo de forma electrónica para una mayor agilidad.
En este mismo sentido, se encuentran aún pendientes de implementarse herramientas tales como las plataformas electrónicas de RAEE o el eSIR, y con él el Registro de Producción y Gestión o el procedimiento electrónico de traslados. ¿Hay plazos previstos para la entrada en funcionamiento de cada uno de ellas?
En el caso de la plataforma electrónica, estamos esperando una valoración de la Comisión Europea para poder continuar con la tramitación de la Orden que la regula, valoración que esperamos poder tener en septiembre. No obstante, la plataforma está lista para ser usada de forma voluntaria por los sectores, por lo que insto a la FER a que anime a sus asociados a utilizarla.
En cuanto al Registro de Producción y Gestión de residuos, está casi completo, pero tal y como se ha hecho público en la web del MITERD, dicho Registro debe estar plenamente operativo para el 1 de enero de 2021. Desde esa fecha y hasta julio de 2021, se testará la aplicación correspondiente al procedimiento electrónico de traslados que ya está desarrollada.
El Gobierno español ha sido uno de los ejecutivos que ha situado el impulso del Pacto Verde Europeo como una de las mejores herramientas para hacer frente a la reconstrucción económica de la Eurozona tras el impacto de la COVID-19. ¿Cree que habrá acuerdo para llevar adelante esta iniciativa? ¿Qué papel van a jugar los gestores en ella?
Está claro que la reconstrucción económica debe realizarse también con criterios de transición verde y en esa transición ecológica, la economía circular y el sector de los residuos van a participar activamente y los gestores están llamados a jugar un papel central. La Unión Europea ha dejado claro que apuesta por dos ejes para superar la crisis provocada por la COVID-19: digitalización y transición ecológica o Pacto Verde. Estamos hablando de descarbonización de la economía, pero también de avanzar hacia un modelo más circular. En marzo pasado la Comisión aprobó su segundo Plan de Acción en Economía Circular, y la presidencia alemana de la Unión quiere llevar el asunto de la economía circular al Consejo de Ministros UE en otoño. Sin duda, vamos a seguir transitando ese camino. Solo un modelo económico equilibrado y sostenible tiene posibilidades de garantizar su continuidad en el tiempo y preservar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
¿En qué medida influirán las consecuencias económicas del coronavirus en los objetivos y proyectos que tenía establecidos el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico?, ¿cuáles cree que deberán posponerse y cuáles lograrán alcanzarse antes de que se termine esta legislatura?
Como he apuntado, para superar la crisis económica provocada por la COVID-19 vamos a apostar, en toda Europa, por una transición a una economía descarbonizada y circular. Esa va a ser la guía que sirve de orientación a las inversiones y proyectos llamados a reactivar la economía y generar empleo. Este enfoque es plenamente coherente por el planteado por el Ministerio y con las iniciativas que hemos adoptado y vamos a ir sacando adelante. No se van a dar pasos atrás, al contrario. Somos conscientes de que las dificultades económicas pueden plantear dificultades a la hora de poner en marcha determinados proyectos, pero tengamos en cuenta que la financiación que se movilice a todos los niveles, incluidos los fondos europeos, va a priorizar inversiones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria y la transición a un modelo económico más sostenible.
Esta entrevista fue publicada en el Nº 178 de la Revista de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje
