FEMP aprobó 370 medidas de reconstrucción la mayoría sustentadas en la Economía Circular
Conversamos con Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP en una coyuntura clave para conocer quién gestionará los fondos del Plan de recuperación de Europa y cuáles serán las inversiones prioritarias, además de valorar el alcance de la COVID-19 sobre los Entes Locales en nuestro país
Por orden de actualidad, ¿por qué la FEMP ha reclamado que los fondos europeos previstos en el Plan de recuperación de Europa se asignen a los entes locales por concurrencia competitiva y sin pasar por las comunidades autónomas?
Las Entidades Locales españolas son una pieza clave para la reconstrucción de nuestro país y para impulsarla con los principios derivados del Pacto Verde Europeo. Los Alcaldes y Alcaldesas y los Presidentes y Presidentas de Diputaciones, Cabildos y Consejos conocen mejor que nadie cuales son las necesidades de sus vecinas y vecinos para transformar sus ciudades y pueblos. Por esta razón demandan los Fondos de Recuperación, Resiliencia y Transformación: para afrontar este cambio de sus ciudades y municipios.
¿Cuáles serán las inversiones prioritarias de los entes locales para esos fondos y en qué medida se primarán los objetivos de impulsar la economía circular establecidos por la Unión Europea, tales como la contratación pública verde o incentivar el uso de materiales reciclados?
La FEMP ha aprobado un paquete de 370 medidas para la reconstrucción y la mayoría de ellas se sustentan en impulsar una economía circular, una movilidad sostenible, una descarbonización de nuestra sociedad, el impulso de unas ciudades saludables, resilientes, solidarias.
En materia de gestión de residuos, en la fracción doméstica nuestro país sigue estando muy lejos de los objetivos de recuperación y reciclaje fijados por la Unión Europea, con tasas del 55% para 2025 y del 60% en 2030. ¿Cómo afrontarán los entes locales las inversiones en las infraestructuras que tienen que hacer para cumplir con estos objetivos?, ¿cree que la crisis económica causada por la pandemia sanitaria de la COVID-19 podría retrasar estas inversiones?
La pandemia generada por la COVID-19 ha supuesto un enorme impacto en las finanzas locales. Los Ayuntamientos no han dejado de prestar los servicios esenciales durante la etapa más dura del confinamiento, y las posteriores, por ejemplo el servicio de agua, la limpieza y desinfección de la vía pública, el transporte colectivo, los servicios funerarios, etc. Qué duda cabe, además, que el cese de muchas actividades económicas está repercutiendo también y por lo tanto afectará posiblemente a los objetivos marcados por la Unión Europea.
«Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor no están cubriendo el coste real de la gestión de RAEE»
Cada año se desperdician en España en torno a 900.000 toneladas de residuos textiles, que no se recogen selectivamente por gestores autorizados y, por tanto, son vertidas de modo indebido. Además, la legislación europea ha fijado el año 2025 para una recogida separada de textiles en los distintos Estados miembro. Si a esto unimos que los entes locales deben garantizar la prestación de este servicio público de recogida y gestión del residuo textil de origen doméstico y que, sin embargo, buena parte de los ayuntamientos aplican en las licitaciones públicas criterios puramente económicos o los ponderan por encima de otros criterios técnicos, ambientales o sociales; sin olvidar, que la aplicación de tasas de ocupación de la vía pública por realizar este servicio pone en serio riesgo al sector de gestores de residuos textiles, máxime en los tiempos que corren a causa de la pandemia sanitaria causada por la COVID-19,¿Qué propuestas o medidas tienen pensado tomar desde la FEMP para hacer frente al gran desafío que supone el flujo de residuos textil?
Las Directivas de Economía Circular establecen la obligación de la recogida separada de los materiales textiles antes de 2025. Desde la FEMP consideramos que es importante que se desarrollen Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor para cumplir con el principio de quien contamina paga fijado por el Derecho de la Unión Europea. El alcance de estos sistemas y el desarrollo normativo fijarán las reglas de funcionamiento de estas recogidas separadas.
¿Cómo afrontarán la adaptación de los puntos limpios a lo estipulado por ejemplo en el Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, teniendo en cuenta que dicha norma establecía como límite el año 2020 para su adaptación?
La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debe mejorar mucho en nuestro país. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor no están cubriendo el coste real de la gestión de sus residuos. Una parte de la adaptación de estos puntos limpios debería correr por cuenta de estos sistemas, por lo menos la parte imputable a sus residuos, y la adaptación de la mayoría de estos puntos limpios se verá condicionado por la situación económica de las Entidades locales y de las prioridades que tengan que afrontar de cara al futuro.
Uno de los aspectos que más incertidumbre genera a las empresas recuperadoras es la divergencia que se da en ocasiones entre la gestión pública o privada de los residuos. FER defiende la gestión privada y considera que gracias a la tarea que realiza la industria del reciclaje se han alcanzado cifras de recuperación impensables hace tan solo unos años en diversos flujos de residuos. ¿Cómo cree que se pueden conciliar ambos aspectos y estrechar la colaboración entre los entes locales y los gestores de residuos para avanzar aún más rápido hacia una economía circular?
Los dos modelos de gestión pública y privada coexisten en nuestro país, incluso algunas Entidades Locales los combinan en su gestión. Cada Entidad Local, en el ejercicio del principio de autonomía local, selecciona el sistema que considera más eficiente para la prestación del servicio.
El ciudadano es un actor clave en la cadena de valor del reciclaje, en tanto que como consumidor puede decidir primar con sus compras aquellos productos compuestos de materiales reciclados o a la hora de separar los residuos que genera puede hacerlo de manera correcta o no. ¿Qué papel deben desempeñar los entes locales para aumentar la concienciación de la ciudadanía sobre su labor fundamental para optimizar la calidad de los residuos recuperados?
Desde la FEMP consideramos que la participación de los ciudadanos es esencial para alcanzar los objetivos de prevención, reducción y reciclado de residuos. En nuestra Estrategia Local de Economía Circular proponemos distintas líneas de actuación encaminadas a favorecer la transparencia en la gestión de los residuos, informar al ciudadano y potenciar estilos de vida saludables que fomenten unos hábitos de consumo sostenibles.
Con relación a los micro plásticos derivados de los neumáticos al final de su vida útil y su utilización en superficies deportivas de césped sintético como campos de fútbol, la Comisión Europea va a plantear bien su prohibición, o bien la adaptación de las superficies deportivas (incluidos los campos municipales) con medidas de contención. Esto supone un nuevo reto y nuevas inversiones ¿Cómo podrán afrontarlo?
Tendremos que esperar a ver cómo se posiciona la Comisión Europea con respecto al uso de estos materiales en los campos deportivos. En todo caso, cualquiera de las soluciones repercutirá en los costes de la adaptación de estas infraestructuras que tendrán que ser sufragados por las Administraciones competentes, ya que no todas las instalaciones son municipales, y además tendrán que colaborar en esta adaptación el Consejo Superior de Deportes y las Federaciones de Fútbol, Rugby, Hockey sobre hierba, etc.
