El tejido productivo español, ‘suspende’ la política económica
El 93% de las pequeñas y medianas empresas confía poco o nada en los fondos UE. De hecho, sólo un 18% de las pymes ha tenido acceso a algún programa financiado con dinero europeo.
Las grandes compañías del Ibex 35, apodadas por el propio presidente del Gobierno como “señores con puro”, han criticado abiertamente la gestión de Pedro Sánchez. Pero también la pequeña y mediana empresa, que representa más del 90% del tejido productivo español, ‘suspende’ su política económica. Un 80% de las empresas encuestadas por la patronal Cepyme la califican como poco o nada apropiada, mientras que sólo un 8% la considera adecuada.
El barómetro publicado este lunes por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al primer semestre de 2023, refleja que las principales preocupaciones de las empresas tienen que ver con los costes de todo tipo: energéticos, laborales, financieros, impositivos y burocráticos. En este sentido, consideran que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no se ajustan a la coyuntura actual.
“La ausencia de tests de competitividad o más enfocados a la pyme, a la hora de aprobar nuevas normas, está derivando en una regulación pensada en la gran empresa y que juega en contra de la capacidad de la pyme para competir y sobrevivir. Esto explica la desaprobación del pequeño empresario a la gestión realizada respecto a la pyme”, reza el informe.
En un contexto de “elevada inflación, alza de costes y escalada de la carga financiera”, los empresarios esperan que se contenga la factura fiscal que soportan y, en especial, el incremento de las cotizaciones sociales. Piden que se desista de cualquier iniciativa para elevar la presión fiscal empresarial, pues “mina su capacidad de ganar tamaño, así como su competitividad en el mercado nacional y exterior”.
De hecho, más allá de la preocupación que expresan las pymes por el encarecimiento de la factura energética, la mayoría pone el foco en los costes laborales, que “han subido intensamente por las mayores cotizaciones y el efecto arrastre del salario mínimo interprofesional (SMI)”, tal y como señala la patronal. El 74% dice estar registrando aumentos del salario medio de su plantilla.
Además, a la mitad de las empresas encuestadas le preocupa la factura fiscal, “aupada por la creación de nuevas figuras tributarias”. Los nuevos impuestos que han entrado en vigor en 2023 -sobre los plásticos no reutilizables y, sobre todo, los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas- dispararon en un 6,2% la recaudación tributaria del Estado en el primer trimestre.
Prueba del rechazo a la gestión económica del Ejecutivo es que el 93% de las pymes confían poco o nada en que los fondos europeos puedan fortalecer la recuperación económica. De hecho, sólo un 18% de las pequeñas y medianas empresas asegura haber tenido acceso a algún programa financiado con el dinero europeo. La burocracia y la complejidad de los procesos hacen que consideren estos fondos como “inaccesibles”.
Los empresarios han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno no haya informado, tras dos años ejecutando los fondos, sobre cuánto dinero ha llegado realmente a las empresas. El último dato lo proporcionó en septiembre de 2021. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por no haber publicado todavía la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos UE, una obligación que tienen todos los Estados miembros desde este año y que ya han publicado 14 países.
Una de las primeras tareas que tendrá que asumir el próximo Gobierno será la ejecución de los grandes proyectos de los fondos europeos Next Generation EU, conocidos como PERTEs. Son 12, están dirigidos a ámbitos estratégicos como la energía y la tecnología, y para desarrollarlos está previsto que España reciba 42.480 millones de euros desde Bruselas en forma de transferencias a fondos perdido y préstamos.
A día de hoy sólo se han ejecutado convocatorias por un 17% de esa cuantía, con 7.300 millones de euros comprometidos (esto significa que se han resuelto, aunque puede que el dinero aún no haya llegado al beneficiario final), según datos actualizados por el Gobierno en la adenda enviada a la Comisión Europea el pasado mes de junio. En definitiva, y dicho de otra forma, el próximo Ejecutivo tendrá la tarea de movilizar, convocar y asignar el 80% del dinero previsto para estos fines, algo más de 35.000 millones.
