¿Es la Administración Pública nuestra aliada?
Si hay una actividad que aglutina prácticamente todo el calendario de relaciones institucionales de FER, esa sin duda la forman las innumerables reuniones y encuentros que tenemos con los distintos representantes de las Administraciones Públicas para defender los intereses de los gestores de residuos en la cada vez más extensa normativa sobre su actividad.
Ello, por la experiencia del tiempo dedicado a esta faceta, me lleva a una reflexión sobre el papel de la Administración, de los principios que la rigen y que, a veces, parece que han olvidado: el servicio al administrado de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución.
La Constitución le impone una serie de principios de actuación y organización. Así, el art. 103.1 establece: “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación”.
La Administración actúa y se organiza de acuerdo con los principios de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial, además de los siguientes:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
Algunos de estos principios parecen olvidados cuando un gestor solicita una autorización y después de tres años sigue pendiente de la misma; cuando su autoridad autonómica le solicita requisitos que van más allá de lo establecido en las normas; cuando se establecen condicionantes que, lejos de simplificar, hacen más complejo el funcionamiento de la instalación sin muchas veces motivos ambientales, sino meramente informativos; cuando se denuncian instalaciones ilegales y después de tres años siguen funcionando, etcétera.
¿Dónde está el servicio efectivo, la simplicidad, la racionalización y agilidad de los procedimientos, la buena fe y confianza legítima, que hemos enunciado?
También quiero dejar claro que estoy hablando de instituciones, no de personas. Muchas veces los funcionarios no dan más de sí, y la Administración no les dota de medios y recursos suficientes. Otras veces, las menos pero existen, el funcionario exige cuestiones que no están establecidas normativamente pero que a más a más… A estas personas sí les pediría que, en ocasiones, realizaran una reflexión e intentaran ponerse en el lugar de una persona o empresa, y que antes de solicitar algo, pensara: ¿es realmente necesario?
La competitividad de la industria española y europea están en juego. Luego no nos podemos echar las manos a la cabeza si no tenemos un tejido empresarial industrial fuerte. Estamos hablando de un 90% de pymes y es un dato que hay que ponerlo en valor: las empresas no somos el problema, somos la solución.
La Administración, por tanto, debe ser nuestra aliada, nuestra defensora, estar al servicio del administrado y no, como ocurre en ocasiones, al revés.
ALICIA GARCÍA-FRANCO, directora general de FER.
