Cuellos de botella, líneas de financiación y reciclaje
RICARDO TOLÓN, Vicepresidente de FER
2022 se está caracterizando por los diversos cuellos de botella en los mercados ante la situación en Ucrania, la carestía de materias primas en pleno periodo de recuperación económica y una clara evidencia de la dependencia energética de Europa, lo cual nos sitúa ante el espejo de lo que será el futuro a medio plazo si no transitamos con urgencia hacia un nuevo modelo de economía circular en el que seamos capaces de contrarrestar estas dependencias.
El desabastecimiento de materiales nos hace reflexionar sobre la necesidad de que la Unión Europea (UE) tenga un sector industrial y productivo dentro de sus fronteras porque durante años hubo una deslocalización de la producción industrial a terceros países y ahora parece haber llegado el momento de replantearse traerla de vuelta.
Por otro lado, para acelerar ese cambio de paradigma, basado en el máximo aprovechamiento de los escasos recursos naturales disponibles, la UE ha articulado un plan de recuperación, financiado a través del fondo Next Generation, que se vincula al Pacto Verde Europeo y a la transición digital. Con ello, se pretende que Europa lidere esa nueva economía, pero, sin embargo, pasa desapercibido que cada una de las medidas propuestas suponen un elevado coste que alguien (gobiernos, empresas, ciudadanos…) tendrá que pagar.
En el caso de nuestro país, lo que nos dice la realidad de cara a la gestión de residuos es que la mayor parte de las líneas de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno se han destinado a los denominados municipales, de mayoritaria gestión pública. Por tanto, se hacen más que necesarias mayores partidas presupuestarias para otros flujos de residuos que también forman parte de las líneas de inversión de la economía verde, tal y como establecen los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo.
Indagando más de lleno en nuestro sector, peor aún que el reparto de estas líneas de financiación, son las nuevas normativas en materia de residuos, donde se atisba una peligrosa deriva a favorecer al sector público y la correspondiente creación de desventajas competitivas a las empresas privadas.
Es algo que ya veníamos denunciando desde FER, antes incluso de la pandemia, y que ahora que iniciamos la senda de la recuperación puede que se convierta en otra piedra más en el zapato que añadir a las costosas cargas administrativas y a la competencia desleal.
La principal conclusión es que estas políticas comunitarias en la búsqueda de un continente climáticamente neutro, están hechas desde los despachos de Bruselas, con un notable desconocimiento del sector de la gestión de residuos y de su realidad del día a día. Tanto es así que, nada más esbozarse sus líneas maestras a través de los primeros cambios legislativos, ya se ciernen amenazas de inseguridad jurídica y la imposibilidad de adaptación para las empresas.
Una muestra de ello son las probables restricciones a la exportación de materias primas secundarias que plantea la modificación del Reglamento de traslado de residuos, con el que se podría poner incluso en serio riesgo al propio modelo de economía circular, al obtener justo lo contrario de lo que se pretende, desincentivando el reciclaje.
Por último, desde FER siempre hemos insistido en la enorme importancia de los gestores de residuos en la cadena de valor del reciclaje, pero para que cumplamos los ambiciosos objetivos fijados desde Bruselas asumimos que somos un eslabón crucial, pero solo una parte, al fin y al cabo. Productores, Administraciones Públicas y ciudadanía son fundamentales para medir la fortaleza de toda la cadena. De ahí la importancia de que todas estas nuevas normativas nos hagan caminar a todos juntos en una misma dirección.
